Joe Brizzolara
Funcionarios electos del sureste de Los Ángeles (SELA) se reunieron en Long Beach semanas antes del día de las elecciones para apoyar la Medida G, una iniciativa en la boleta de noviembre que ha sido llamada “la reforma más significativa del gobierno del condado de Los Ángeles en su historia”.
La medida modificaría la Carta del Condado de Los Ángeles para agregar cuatro nuevos puestos de supervisión y un cargo ejecutivo elegido en todo el condado.
Entre los asistentes a la reunión en el Centro de Convenciones de Long Beach el 17 de octubre se encontraban la supervisora del condado Janice Hahn y representantes de Downey, Bell Gardens y Lynwood. Los funcionarios de SELA argumentaron que la medida mejoraría significativamente la representación de la subregión a nivel del condado.
De aprobarse, la Medida G haría cuatro cambios clave en el gobierno del condado: establecer un ejecutivo del condado electo, expandir la Junta de Supervisores de cinco a nueve miembros, introducir audiencias públicas abiertas sobre el presupuesto y crear una comisión de ética independiente.
“La Carta del Condado de Los Ángeles se creó en 1912, antes de que las mujeres tuvieran el derecho al voto y cuando nuestra población era de solo 500,000,” dijo Hahn, quien representa al Distrito 4 del condado de Los Ángeles. “Han cambiado muchas cosas. El Condado de Los Ángeles es ahora el más grande del país, con 10 millones de personas, más poblado que 40 estados y hogar de uno de cada 34 estadounidenses. Sin embargo, el condado tiene un cuerpo de gobierno más pequeño que condados con la mitad de nuestra población.”
“Mis colegas en la Junta de Supervisores y yo representamos a 2 millones de personas cada uno. Yo sola represento a 32 ciudades y a más de 150 miembros de consejos municipales,” añadió. “Estos distritos han sido demasiado grandes durante demasiado tiempo.”
El Distrito 4 se extiende desde San Pedro hasta Whittier y abarca SELA.
Hahn destacó el potencial de la Medida G para mejorar la representación y la transparencia en todo el condado, especialmente para las comunidades históricamente desatendidas.
“La Medida G traerá un cambio real y garantizará que las comunidades que han sido ignoradas tengan una voz más fuerte en la mesa,” dijo Hahn.
El apoyo de Hahn fue respaldado por el alcalde de Downey, Mario Trujillo, quien también considera que la Medida G es un paso crucial para empoderar a las comunidades de SELA.
“Durante demasiado tiempo, nuestras comunidades han estado subrepresentadas en las decisiones del condado,” dijo Trujillo. “La Medida G asegura que nuestras voces sean escuchadas, que recibamos los recursos que necesitamos y que tengamos un lugar en la toma de decisiones.”
El cambio más polémico propuesto es la creación de un ejecutivo del condado elegido en todo el condado, un puesto que, dado el tamaño del condado de Los Ángeles, sería similar al de un gobernador de un estado mediano o al de un alcalde de una ciudad más grande que Nueva York.
Los defensores dicen que esta oficina mejoraría la rendición de cuentas, mientras que los opositores, incluidos los supervisores del condado Holly Mitchell (Distrito 2-Sur de Los Ángeles) y Kathryn Barger (Distrito 5-Valle de Antílope), argumentan que consolidaría demasiado poder en una sola persona.
Un supervisor propio
La alcaldesa de Bell Gardens, Gabi Gómez, dice que distritos de supervisión más pequeños significarían una mayor representación en la junta para ciudades de SELA con una población predominantemente inmigrante y de clase trabajadora, como la suya.
“Tenemos necesidades únicas en el sureste y, aunque Janice Hahn ha sido muy activa en involucrarse con nosotros desde que asumió nuestra área, también tiene que enfocarse en lugares como San Pedro, que tiene sus propias necesidades. Cada sección del distrito necesita su propia representación para enfocarse en sus desafíos particulares,” dijo Gómez.
Bell Gardens es una ciudad pequeña y densa de solo 2.5 millas cuadradas con una población de aproximadamente 40,000. Casi el 24% de los residentes viven en o por debajo del nivel de pobreza, y el 41% nacieron en el extranjero. Las ciudades vecinas, como Bell, Cudahy y Maywood, son de tamaño y demografía similares. Con una participación electoral históricamente baja, las ciudades vecinas más acomodadas tienden a dominar los votos para los puestos compartidos en las elecciones estatales y del condado.
En la elección de supervisores más reciente celebrada a principios de este año, solo el 12% de los votantes registrados en Bell Gardens votaron. En Long Beach, también en el Distrito 4, el 29% de los votantes registrados emitieron su voto.
Gómez señaló varios desafíos urgentes en el área, incluidos los relacionados con infraestructura debido a la próxima línea del Metro Southeast Gateway y la asequibilidad de la vivienda.
“Para los residentes de Bell Gardens, esto significa mucho. Estamos al otro lado de la autopista de donde vendrá la línea del Metro, por lo que necesitamos apoyo para la infraestructura de transporte para que la gente cruce de manera segura. También necesitamos más viviendas asequibles y soluciones creativas para viviendas temporales o transitorias,” dijo Gómez. “Necesitamos mucho.”
El concejal de Bell Gardens, Jorgel Chavez, también pidió una mayor representación de SELA en la Junta de Supervisores.
“Así como mis hermanos y hermanas en el Valle de San Gabriel quieren un miembro (Asiático Americano y de las Islas del Pacífico) en la Junta, necesitamos a alguien del sureste de Los Ángeles,” dijo Chavez.
El concejal de Lynwood, Juan Muñoz-Guevara, argumentó que aumentar la representación en la Junta de Supervisores es crucial para las ciudades contratantes—ciudades que dependen del condado para proporcionar servicios esenciales—como la suya. Las ciudades contratantes representan la mitad de las ciudades del condado de Los Ángeles, varias de las cuales están en SELA.
“Nuestra ciudad tiene un contrato con el condado para servicios de alguacil y bomberos. Tenemos una gran instalación del condado en nuestra ciudad con muchos trabajadores, y queremos asegurarnos de que todas las comunidades tengan una voz y que las decisiones sean informadas por las personas afectadas por ellas,” dijo Muñoz-Guevara.
Otras personas que respaldan la medida entre los funcionarios electos de SELA incluyen a la vicealcaldesa de Cudahy, Elizabeth Alcantar; el vicealcalde de Huntington Park, Arturo Flores; el concejal de Bell, Ali Saleh; y el concejal de Pico Rivera, Gustavo Camacho.
“La reforma más significativa en la historia del gobierno del condado de Los Ángeles”
El padre de Hahn, Kenneth Hahn, es una leyenda en la política de Los Ángeles, sirviendo durante 45 años, primero como miembro del concejo de la ciudad (1947-1953) y luego como supervisor del condado (1952-1992).
“Incluso en 1972, cuando nuestra población era mucho menor, mi papá… pensaba que cinco supervisores eran insuficientes”, dijo Hahn. “Él intentó, y desafortunadamente fracasó, expandir la junta. Hubo resistencia tanto de la Junta de Supervisores como de los votantes”.
Raphael Sonenshein es el director ejecutivo de la Fundación Haynes, que apoya la investigación sobre gobernanza y democracia en el área metropolitana de Los Ángeles, y exdirector ejecutivo de una comisión de reforma de la carta de gobierno que introdujo reformas importantes en el gobierno de la ciudad de Los Ángeles aprobadas por los votantes en 1999. Él recuerda “numerosos” intentos de expandir la junta.
En un artículo reciente, Sonenshein señaló que hace 50 años, la Fundación Haynes financió la Comisión Pública sobre el Gobierno del Condado de Los Ángeles, un panel de líderes comunitarios y expertos. Su informe de 1976, “Servir a Siete Millones”, recomendaba la creación de un ejecutivo elegido y la expansión de la junta, aunque los votantes finalmente rechazaron estas medidas en dos ocasiones en medio del sentimiento anti-gobierno de finales de los años 70.
Pero la política del gobierno del condado de Los Ángeles ha cambiado mucho desde entonces, dice Sonenshein, como lo demuestra una junta compuesta exclusivamente por mujeres.
“Había numerosas mujeres en el Concejo Municipal de Los Ángeles, mucho antes de que hubiera una sola mujer en la Junta de Supervisores del Condado”, dijo Sonenshein en una entrevista telefónica. “Este siempre fue un gobierno del condado increíblemente dominado por hombres”.
Antes conocida como los “cinco reyes pequeños” del condado de Los Ángeles, la junta ha llegado a ser conocida como las “cinco reinas pequeñas”. Independientemente del apodo, estos funcionarios tienen un inmenso poder sobre una vasta red de servicios sociales, 117,000 empleados y miles de millones en fondos del estado y el gobierno federal que distribuyen en parte a las ciudades. Sonenshein dice que el poder de los supervisores individuales se debe en parte a su autoridad ejecutiva y legislativa dual.
“Tienen tanto poder”, dijo. “Si eres tanto legislador como ejecutivo, apruebas ordenanzas que afectan a todos y también supervisas los departamentos del condado. Entonces, si soy el jefe de un departamento, constantemente estoy mirando por encima de mi hombro a uno o más supervisores”.
“A los supervisores a menudo se les asignan departamentos, pero es un sistema confuso sin una autoridad ejecutiva clara. ¿Reportas a los cinco supervisores o solo al que está más interesado en tu departamento? Los gobiernos de las ciudades suelen asegurarse de que el cuerpo legislativo no interfiera demasiado en las operaciones departamentales, pero esa línea está completamente desdibujada en el sistema del condado”, dijo.
“Creo que probablemente sería la reforma más significativa en la historia del gobierno del condado de Los Ángeles”, dijo Sonnenshein.
Aunque no quiso opinar sobre quién podría postularse para el cargo en 2028, en caso de que se apruebe la Medida G, Sonenshein dice que el eventual ejecutivo del condado elegido tendrá un impacto definitivo.
“Se convertiría en uno de los cargos más importantes de California”, dijo.
La oposición
Las supervisoras Barger y Mitchell han expresado su oposición a la Medida G, especialmente por preocupaciones de que la creación de un ejecutivo del condado elegido podría concentrar demasiado poder en una sola persona.
“Propuse una moción hace un año, en febrero de 2023, para estudiar actualizaciones de gobernanza para todo el condado, para expandir la junta… creo que es una gran idea”, dijo Mitchell a NBC LA en una entrevista conjunta con Barger. “El problema con esta medida es que hace mucho más, lo cual es la elección a nivel de condado de un director ejecutivo, sin límites de mandato, con autoridad para contratar y despedir y supervisión sobre todos los jefes de departamento, con control total sobre el presupuesto y poder de veto sobre la junta”.
“(Esta oficina) altera completamente el equilibrio de poder entre cinco, nueve, o cualquier número de supervisores, y esta persona única que estaría a cargo de los 10 millones de angelinos”, dijo.
Barger repitió estas preocupaciones.
“Cualquiera que diga que esta (medida) va a brindar mejor representación en todo el condado está siendo deshonesto”, dijo Barger. “Esto en realidad concentra el poder en una sola persona que supervisará no solo un presupuesto de 49 mil millones de dólares, sino también a 10 millones de personas. Así que, de hecho, está diluyendo el poder de la junta y otorgándoselo todo a un CEO elegido, algo que está enterrado”.
Barger también cree que una elección a nivel de condado podría diluir la influencia de ciudades más pequeñas y menos pobladas, como Lancaster y Palmdale.
Zahra Hajee, portavoz de la campaña a favor de la Medida G, refuta las afirmaciones de que un ejecutivo elegido consolidaría el poder, citando salvaguardas para prevenir una autoridad sin control.
“Es desinformación decir que esto consolida el poder y convierte este puesto en un CEO todopoderoso”, dijo Hajee. “La medida establece explícitamente que si el ejecutivo elegido decide contratar a un jefe de departamento, debe ser confirmado por la junta. Si el ejecutivo elegido decide vetar una legislación, la junta puede anular ese veto. El ejecutivo elegido propone un presupuesto que debe ser aprobado por la junta”.
“El condado de Los Ángeles es del tamaño de múltiples estados”, dijo. “¿Hemos visto alguna vez una legislatura estatal sin un gobernador? No. Es un sistema de pesos y contrapesos donde tienes una rama ejecutiva con autoridad ejecutiva y una rama legislativa con autoridad legislativa”.
Hajee dice que la estructura actual del condado ha llevado a ineficiencias al abordar problemas complejos como la vivienda, la falta de vivienda y la reforma de la justicia penal, a pesar de un presupuesto masivo y cinco supervisores que generalmente están de acuerdo entre sí.
“Esto plantea la pregunta de dónde radica el problema”, dijo. “Mucho de esto es estructural”.
“Una posición de ejecutivo del condado elegido que sea directamente responsable ante los votantes obligaría a que la toma de decisiones ocurra en el ámbito público”, dijo Hajee.
Tanto Mitchell como Barger apoyaron propuestas anteriores para expandir la junta, pero criticaron la medida actual por ser apresurada. Ambas finalmente se abstuvieron de votar para enviar la medida a los votantes a principios de este año.
“No estoy segura de cómo esta moción llegó a nueve, dado que aún no hemos tenido la oportunidad de recibir una recomendación informada sobre el número de representantes para nuestra población de más de 10 millones”, dijo Mitchell en relación a la votación de la Medida G el 9 de julio.
Barger también criticó la falta de transparencia durante la redacción de la Medida G.
“(Mi preocupación era que) esto se hiciera de una manera en la que tuviéramos el apoyo de los cinco supervisores para llevar a cabo una revisión integral… para que cuando tomemos decisiones, se hagan de manera transparente y con la aportación de expertos que sepan lo que necesitamos hacer para acertar”, dijo Barger en esa misma reunión. “Esto no se hizo en este caso”.
Además de más supervisores y un ejecutivo del condado elegido, la Medida G implementaría audiencias públicas abiertas de presupuesto, permitiendo que el público tenga una voz directa en el proceso presupuestario del condado de Los Ángeles. Actualmente, la mayoría de la redacción del presupuesto ocurre a puertas cerradas, pero la medida exigiría que cada departamento presente su presupuesto propuesto anualmente.
También crea una comisión de ética independiente cuyos poderes incluirán la capacidad de “investigar acusaciones de mala conducta por parte de funcionarios del condado” y recomendar actualizaciones al Código del Condado en relación con la ética gubernamental.
